lunes, 12 de marzo de 2012

La relevancia social de las víctimas del terrorismo en España

ETA nació en 1959 con el objetivo de conseguir la independencia para el País Vasco. Sus siglas, fueron ideadas por el ultranacionalista vasco José Luis Álvarez Enparantza “Txillardegi” (cofundador de ETA que posteriormente la abandonó en 1967). La organización terrorista en un principio se limitaba a colocar ikurriñas o hacer pintadas con lemas como “Gora Euskadi” o “Gora ETA” hasta que, según las estadísticas del Ministerio del Interior, inicia su actividad sangrienta el día 7 julio de 1968, con el asesinato del Guardia Civil de Tráfico José Antonio Pardines Arcay, en la localidad guipuzcoana de Villabona.
Recientemente algunas fuentes también atribuyen a ETA el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola[1], muerta el 27 de junio de 1960, a causa de la explosión de una bomba en la estación de ferrocarril del barrio de Amara, en San Sebastián, cuya autoría aún no está clara si bien en su momento fue reivindicada por la organización terrorista de extrema izquierda DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).
De cualquier forma la escalada de violencia de ETA no hizo más que empezar de manera que, si bien en el año 1968 sólo acabó con la vida de dos personas (el Guardia Civil Pardines y el jefe de la policía secreta de San Sebastián, Melitón Manzanas), durante la década de los 70 llegó a realizar más de 200 asesinatos.
Los años más duros, donde la crueldad de ETA ha sido más patente, son precisamente los de finales de la década de los 70 y principios de los 80. Durante estos años los terroristas cometieron numerosos asesinatos por año (más de 70 en 1979 y más de 90 en 1980).
Desde su creación ETA ha asesinado a 857 personas, y ha privado de su libertad a 77 personas. El secuestro ha sido uno de los métodos más utilizados por la banda para presionar al Gobierno y para financiarse. Algunos de estos secuestros se resolvieron tras el pago de los rescates, o por la liberación del secuestrado tras la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En otros casos banda terrorista acabó con la vida de los secuestrados.
Actualmente no se conoce de manera precisa la extensión de la victimización por terrorismo en España. Según la contestación a una pregunta parlamentaria realizada en el año 2005 el Ministerio del Interior estima que hay un total de 17.816 víctimas[2] (se supone que muertos, heridos y damnificados).
En opinión de Mikel Buesa[3] estas cifras del año 2005 se podrían ordenar de la siguiente manera:
  • 1265 (en 2012 ya podemos hablar de 1283) muertos en atentados: 820 (64,8%) de ETA (en 2012 ya son 857), 209 (16,27%) a organizaciones de tipo islamista y 236 (18,38%) a otros grupos.
  • 84 personas secuestradas (12 de ellas asesinadas).
  • 4760 heridos de diversa consideración (¼ con lesiones invalidantes).
  • 11730 damnificados por daños materiales.
 Pero además en el País Vasco, según la estimación del propio Buesa, en el periodo comprendido entre 1987 y 2006, se cuentan un total de 8500 acciones de violencia callejera. 42000 personas han vivido amenazadas (900 escoltados) y unos 125000 ciudadanos han abandonado la región huyendo de la presión terrorista.

Tampoco se tiene un conocimiento exhaustivo de las características sociológicas de las víctimas del terrorismo. No hay sector social, si exceptuamos el clero de la Iglesia Católica, que no haya sido afectado. Las fuerzas de seguridad del Estado han sido el objetivo preferido, engrosando más del 40% de la nómina de los asesinados. Un tercio de las víctimas se producen entre civiles ya sean “colaterales” (familiares de otro tipo de víctimas, asesinatos masivos o coches bombas), o ya sean víctimas seleccionadas entre determinadas profesiones o grupos sociales (periodistas, profesores, profesionales de la justicia u otros). Los militares han aportado más del 10% de las víctimas, sobre todo en las primeras décadas. Los empresarios suponen el 1% de los asesinatos aunque son el objetivo principal de los secuestros y de la extorsión.

Los políticos de distinto nivel, sobre todo en el País Vasco, y de los partidos autonomistas nacionales, han sumado algo más del 2% de las víctimas[4]. De hecho, de las 623 víctimas del periodo comprendido entre 1978 (aprobación de la actual constitución española) y 1995, periodo que podemos considerar como el de los años más duros del terrorismo, sólo 10 víctimas eran políticos (el 1,6%). Por el contrario, 26 de los 93 asesinatos realizados por ETA a partir de 1995, han sido asesinatos de personalidades políticas (el 27.96%) mostrando cómo desde mediados de los noventa es cuando ETA apuesta fuertemente por el asesinato de personajes de la vida política frente a los otros sectores[5]. Esta circunstancia va a coincidir paradójicamente en el tiempo con el inicio de una actividad pública de apoyo institucional claro a las víctimas:
  • Creación de la Subdirección General de atención a Víctimas del Terrorismo en 1996.
  • Aprobación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (8-10-99).
  • Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo (23-12-99).
Da la sensación de que fue esta estrategia de ETA de “socialización de la violencia” la que realmente tuvo el efecto de aguijonear al Estado y a la propia sociedad, al menos en lo que se refiere a la solidaridad efectiva con las víctimas.

La actitud de los españoles frente al terrorismo sólo empezó a cambiar cuando la banda terrorista modifica el perfil de sus víctimas asesinando a su primer político en 1995, Gregorio Ordoñez (otros políticos asesinados a finales de los 70 y principios de los 80, la mayoría de UCD, habían sido tiroteados por ETAp-m). Esta evolución de la conciencia ciudadana se consolidó con el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, en el año 1997. Hasta entonces miles de víctimas habían venido sufriendo su particular odisea en el más absoluto olvido y anonimato. Durante muchos años la estrategia terrorista de cosificación de las víctimas como instrumentos del mal opresor por una parte, o como traidores a la causa, había provocado que una parte importante de la sociedad, especialmente en la sociedad vasca, minusvalorase, comprendiera o incluso justificase el mal causado a esas víctimas esperadas.
Parece como si los militares y los policías de la España democrática fuesen aún portadores de una culpabilidad heredada por la existencia del anterior régimen franquista, de forma que sólo el asesinato de personas en las que no se percibía ese matiz de culpabilidad provocó el inició de una respuesta civil en contra del terrorismo. En esta dirección Horrach[6] mantiene la tesis de que las víctimas que socialmente han sido consideradas “inocentes” han sido las asesinadas por ETA a partir de 1995, cuando ETA cambia de estrategia. En relación con las víctimas anteriores a 1995, con la excepción de las víctimas colaterales civiles (que si recibieron más muestras de solidaridad, véase por ejemplo en el caso de Irene Villa), nos encontramos con un grupo de víctimas “culpables” para las que la respuesta moral de la sociedad española fue casi inexistente.
La sociedad ha evolucionado en su percepción de las víctimas gracias en gran medida al propio esfuerzo de éstas por hacerse protagonistas activas, “agentes sociales”. Las víctimas tuvieron que empezar a organizarse en la época más dura del terrorismo, cuando todavía no había sido firmado ni un solo pacto antiterrorista, cuando actuaban a la vez varios grupos terroristas, cuando los verdaderos protagonistas eran los terroristas y las víctimas eran unos meros convidados de piedra[7].
Así, algunos datos referidos a una encuesta realizada con una muestra de asociados de la AVT[8] señalaban como más de la mitad de los encuestados se sintieron de forma clara y definida abandonados por la sociedad en su conjunto. Esta sensación de abandono se expresaba como abandono por parte de las instituciones políticas, autoridades, medios de comunicación y sociedad en general. El subgrupo que incluía a las víctimas directas que eran a la vez familiares de víctimas fallecidas fue el que, de manera estadísticamente significativa, se sentía más abandonado. Sólo un tercio de este subgrupo sentía que había recibido algún tipo de apoyo, y prácticamente el 100% consideraba, en todo caso, dicho apoyo como insuficiente.
En relación con la actitud ante el fenómeno terrorista por parte de las víctimas aparecieron también diferencias significativas entre las víctimas directas y los familiares de las víctimas fallecidas. Los primeros mantenían un claro interés por las noticias acerca de este fenómeno y las seguían en los medios de comunicación (más del 70%), se interesaban por conocer quiénes habían sido los autores del atentado sufrido (más del 50%) y si eran juzgados o no (lo habían sido más del 40% de los autores de los atentados sufridos por las víctimas directas), aunque sólo asistió al juicio una minoría (18,4%).

Los familiares de las víctimas mantenían una actitud que podría considerarse más “distante” y que sugería un mecanismo de evitación más potente. Así, sólo mostraban interés por las noticias relacionadas con el terrorismo el 34,4%, sólo habían procurado conocer la identidad de los autores del atentado contra su familiar en el 18,7% de los casos y sólo asistieron al juicio del terrorista en un exiguo 2,7% (sin embargo, el porcentaje de autores de los atentados sufridos por este subgrupo que habían sido juzgados ascendía al 18,7%).
En cuanto a la satisfacción con la justicia, tanto las víctimas directas como los familiares de las víctimas coincidían, considerando que no se les había hecho justicia y criticaban seriamente el funcionamiento de la misma (el 99,0% en el caso de los familiares de víctimas y el 96,6% en el caso de las víctimas directas). En el subgrupo de las víctimas directas que además eran familiares de fallecidos la sensación de falta de reparación adecuada y de indefensión asciendía al 100%.
El movimiento asociativo, la sociedad civil y las víctimas del terrorismo
El hecho de que las propias víctimas tuvieran que asociarse para defender sus intereses es un indicador de que ni la sociedad, ni las administraciones responsables de la vida social, estuvieron a la altura. Obligando así a las víctimas a afrontar desde su situación negativa y degradada la lucha por los logros que el marco legal dispusiese, o incluso gritar la necesidad de un marco legal que posibilitase la atención y cuidado que necesitaban[9]. Han sido varios los colectivos que a lo largo de los años se han movilizado para solidarizarse con las víctimas del terrorismo.
  • En 1981 se constituyó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), después de que un grupo de afectados decidiera organizarse para hacer frente a todos los problemas de tipo burocrático y legal con que se encontraban. Así, entre los fines de esta organización figura el aunar a las víctimas del terrorismo para, de una forma conjunta, reivindicar sus derechos y reclamar justicia, prestar la ayuda necesaria, moral o material, y colaborar en todas las actividades que redunden en beneficio de las víctimas.
  • La Coordinadora Gesto por la Paz se constituyó en Vizcaya en 1996. Es una plataforma pacifista cívica, unitaria, pluralista e independiente, cuyo objetivo es trabajar por la paz dentro de la situación de violencia que se vive en el País Vasco.
  • El Foro de Ermua nace en el verano de 1997, tras el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Entre sus fundadores se encuentran el pintor Agustín Ibarrola, el Filósofo Fernando Savater y el catedrático Jon Juaristi. El poeta Vidal de Nicolás es el presidente. Su primer manifiesto “Por la democracia en Euskadi” fue respaldado por 280 ciudadanos vascos de distintas profesiones. El 7 de mayo de 2000, José Luis López de Lacalle, uno de los fundadores de este colectivo, fue asesinado por ETA.
  • El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) nació en 1998, aunque adquiere personalidad jurídica en 1999. Sus objetivos principales son la defensa de los derechos humanos, éticos y materiales de las víctimas del terrorismo; proteger los principios democráticos; respetar la legalidad vigente y la búsqueda de un clima social en el que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin coacciones ni amenazas. Aunque la mayor parte de los integrantes de este colectivo son víctimas de ETA también integra víctimas de otras organizaciones terroristas.
  • La Iniciativa Ciudadana “Basta ya” se constituyó en 1999, en San Sebastián, con la intención de defender activamente las libertades esenciales de los ciudadanos vascos. Este colectivo está integrado por intelectuales, políticos, artistas y miembros de organizaciones pacifistas. Este colectivo también conoce de primera mano la violencia etarra.
  • La Fundación para la Libertad (Askatasun Bidean) es una plataforma cívica que se creó en Bilbao en junio de 2002 y está integrada por intelectuales vascos, políticos, profesionales liberales y de los medios de comunicación, artistas y docentes. Su principal objetivo es “trabajar para denunciar los valores de exclusión, de justificación de la violencia, de etnicismo y de intolerancia que han extendido entre la sociedad vasca los terroristas y quienes les amparan y algunos dirigentes políticos” del nacionalismo democrático
Además son numerosas otras asociaciones, fundaciones y colectivos, creados a lo largo de todo el territorio nacional como son: Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza (AVTVE), Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, Fundación Tomás Caballero, Fundación Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco, Fundación Maite Torrano, Fundación Fernando Buesa Blanco, Fundación Coronel Médico Dr Muñoz Cariñanos, Fundación Gregorio Ordoñez Fenollar, Fundación Alberto Jiménez Becerril, Fundación José Luis López de la Calle, Fundación Papeles de Ermua, Fundación Profesor Manuel Broseta, La Fundación Jóvenes por la Paz, Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana, Asociación por la Tolerancia, Asociación Pro Derechos Civiles y Políticos “Voces en Silencio”, Plataforma Cívica Catalana para la Libertad, Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, Voces contra el Terrorismo, Asociación ARCO para la Resolución de Conflictos.
Todas estas asociaciones, creadas con el objetivo del apoyo a las víctimas del terrorismo, han terminado por protagonizar en mayor o menor medida la movilización social antiterrorista de los últimos años en España. Este posicionamiento de algunas de las asociaciones de víctimas en el marco político ha provocado que a partir del año 2004, tras el proceso de diálogo que se abrió con el Gobierno socialista, se haya desarrollado una progresiva demonización de las víctimas desde algunos sectores sociales. Sugiriendo que el antiterrorismo se ha convertido para ellas en un medio de vida, y deslegitimando sus reivindicaciones de justicia, tachándolas de imparciales y extremadamente subjetivas por su “vinculación sentimental” en la resistencia contra ETA, en la exigencia de justicia, en la deslegitimación del terrorismo y en la vigilancia al Estado en sus tentaciones de apaciguamiento y negociación[10].
El apoyo institucional a las víctimas del terrorismo
La víctima de un atentado terrorista no recibe una agresión orientada hacia su persona ni hacia sus bienes individuales, como le ocurre a una persona que pueda ser objeto de cualquier otro delito violento. Por el contrario, es el destinatario inocente de un atentado perpetrado contra el conjunto de la sociedad, pagando por entero el coste de un asunto en el que nada le atañe personalmente. Es obvio que el responsable primario del daño es el agresor terrorista, pero parece poco razonable negar que la otra parte implicada, el conjunto de la comunidad, tenga una responsabilidad subsidiaria. La obligación de asumir el coste de la “reparación” debe recaer en las autoridades y en la administración como representantes del conjunto del cuerpo social.

La primera ocasión en que se legisla la concesión de indemnizaciones para víctimas del terrorismo se basa en un acuerdo del Consejo de Ministros de julio de 1979. A lo largo de los años el Ministerio del Interior siguió aplicando un sistema de coberturas únicamente de carácter indemnizatorio hasta el año 1996 en el que se pone en marcha un dispositivo para la atención asistencial del colectivo, diseñado para dar respuesta a la situación de abandono social que las víctimas venían denunciando. Con esa finalidad, se creó por Real Decreto 1885/1996, de 2 agosto, la Subdirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, con el objetivo de atender a estas desde una infraestructura estatal (y autonómica) estable y eficiente.
Con fecha 8 septiembre 2006, el Consejo de Ministros elevó la categoría de la Subdirección General a Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, estructurada en dos Subdirecciones generales, una de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y otra de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, integrada en la Subsecretaría del Ministerio del Interior[11].
Con fecha 22 de septiembre de 2011 se ha aprobado la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo[12]. Que en su preámbulo se define como homenaje a las víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. Siendo, por tanto, un signo de reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad debida.

Por su parte, la Fundación Víctimas del Terrorismo[13], es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2001. Su creación fue decidida por el Gobierno en cumplimiento del compromiso adoptado por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Entre sus fines destacan la promoción y divulgación de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la pluralidad y libertad de los ciudadanos, así como el fomento, en todos los ámbitos, de una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo en España.
Asimismo también tiene entre sus objetivos prestar la ayuda necesaria en su vertiente asistencial a las víctimas del terrorismo y a sus familias; impulsar becas y promover intercambios culturales y crear un fondo cultural de carácter permanente en memoria de las víctimas. Su financiación, según sus estatutos es mixta, proviniendo la mitad de subvenciones estatales y la otra mitad de donaciones de empresas y entidades privadas.
Medios de comunicación y víctimas del terrorismo
Durante todos estos años los medios de comunicación han sido testigos privilegiados de la evolución del fenómeno terrorista en nuestra sociedad y, al igual que la sociedad misma, han ido modificando su tratamiento y su visión del terrorismo etarra.
De un inicial periodismo aséptico y meramente informativo, en el que apenas se daban los datos precisos de cada atentado se ha ido pasando a un periodismo más comprometido y de denuncia que cumplía más una función social de compromiso, hasta llegar a un periodismo mucho más combativo y beligerante[14], lleno de opiniones y críticas hacia el terrorismo y sus adeptos.
Durante la década de los 60, 70, 80 y buena parte de los 90, los medios dedicaban poco espacio a las víctimas del terrorismo, mientras que el que se ofrecía a los propios terroristas era muy superior. Además, si las víctimas de estos atentados eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la repercusión mediática que obtenían estos atentados era mucho menor.
Los medios parecían querer pasar desapercibidos frente a esa realidad social y no involucrarse más allá de lo estrictamente necesario para reseñar el hecho noticioso. Así referían someramente la noticia y obviaban infinidad de detalles. Se centraban en el atentado pero olvidaban a la víctima, que en muchos casos parecía ser una parte accidental del suceso. De este modo se contribuía a victimizar a la propia víctima, se la sumía en el olvido y se la abandonaba a su suerte sin ningún tipo de apoyo[15].
Esta situación comienza a cambiar paulatinamente tras diversos atentados con mayor impacto mediático como el atentado en el que resultó gravemente herida la niña Irene Villa y su madre (1991); la liberación del funcionario de prisiones secuestrado Ortega Lara (1997); las masacres de Vic, Zaragoza e Hipercor y, sobre todo, el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997). A raíz de este suceso parece que los medios, y el resto de la sociedad, toman conciencia y se posicionan claramente contra el terrorismo y la violencia, dando lugar al denominado “Espíritu de Ermua”. La muestra de imágenes de gran impacto en relación con estos hechos contribuyó a la concienciación de una sociedad que como hemos visto estaba poco implicada en la lucha contra el terrorismo.
Es desde que los medios de comunicación adquieren conciencia de su importante función social en contra de la violencia terrorista, cuando las noticias han comenzado a girar en torno a las víctimas, que se convierten en los protagonistas absolutos de la información al tiempo que se reduce el espacio dedicado a los propios terroristas y sus acciones.
Paradójicamente esto se puede ver incluso con más claridad en aquellas noticias en las que los objetivos de los atentados son los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta entonces relegados a un doloroso segundo plano, cuando no a una actitud de legitimación indirecta, y que ahora pasan a ser tratados como víctimas heroicas. Así, el propio Mario Onaindía, antiguo miembro de ETAp-m, condenado a muerte en el famoso proceso de Burgos y reintegrado en la democracia tras su paso por la cárcel, es muy consciente del papel sacrificial desempeñado por las víctimas del terrorismo: “las víctimas, sobre todo las fuerzas de orden público y los militares, han sido quienes han defendido nuestros derechos, interponiendo sus cuerpos entre las bombas asesinas y nosotros y nuestros derechos. Sólo del reconocimiento de ese sacrificio podremos construir entre todos una democracia fuerte y vigorosa por la que merezca la pena morir, porque merece la pena vivir”[16]
Javier Gómez Segura 2012

                                                                                                                                                         

[1] “La primera víctima de ETA (http://www.elpais.com/articulo/reportajes/primera/victima/ETA/elpepusocdmg/20100131elpdmgrep_1/Tes)Elpaís.es (19-9-2000) Consultado el 10-1-2012.
[2] Cfr. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 237, 7 de julio de 2005, pág 181.
[3] Buesa, M. (2007). Víctimas del terrorismo: una experiencia del mal. En VVAA, Las víctimas del terrorismo en el discurso político. Madrid: Dilex, S.L.
[4] Llera Ramo, F. y Leonisio, R. (2007). La opinión pública española y las víctimas del terrorismo. En VVAA, Las víctimas del terrorismo en el discurso político. Madrid: Dilex S.L.
[5] Patxo Unzueta (15-1-09). “Lo que preguntaban los periodistas en Bilbao (http://www.elpais.com/articulo/opinion/preguntaban/periodistas/Bilbao/elpepuopi/20090115elpepiopi_13/Tes)”. Elpais.com. Consultado el 10-1-2012
[6] Horrach. J.A. (2010). Víctimas de ETA y de la sociedad española. Revista Española de Cultura Contemporánea. http://www.kiliedro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=171
[7] Cuesta, C. (2007). La respuesta social ante el terrorismo y sus víctimas. En VVAA, Las víctimas del terrorismo en el discurso político. Madrid: Dilex S.L.
[8] Baca, E., Cabanas,M.L. y Baca-García, E. (2003). El Proyecto Fénix: un estudio sobre las víctimas del terrorismo en España. Resultados preliminares. Baca y Cabana (Eds).
[9] Pulgar, B. (2004). Víctimas del Terrorismo: 1968-2004. Madrid: Dykinson, S.L.
[10] Uriarte, E. (2011). Culpadas, difamadas, silenciadas. Diario ABC, edición en prensa, 10 de abril de 2011.
[14] González Ferrari, J. (2003). Responsabilidad y beligerancia frente al terrorismo. En VVAA: Terrorismo, víctimas y medios de comunicación. Madrid: Fundación Víctimas del Terrorismo.
[15] Couso Saavedra, C. (2005). La Guardia Civil frente al terrorismo. Edición del autor.
[16] Onaindía, M. (2003) La cultura de la transición. En Carlos Martínez Gorriagán (Coord): ¡Basta ya! Contra el nacionalismo obligatorio. Madrid: Aguilar.


Resiliencia y crecimiento postraumático

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