La posición de las víctimas del terrorismo españolas ha evolucionado desde una situación de inicial invisibilidad, en la que tanto sus necesidades como sus derechos fueron prácticamente ignorados, hasta que progresivamente fueron adquiriendo cierta relevancia, llegando a convertirse posteriormente en un interlocutor a tener en cuenta en los procesos de diseño de las estrategias de lucha antiterrorista como una parte relevante de la sociedad civil. No obstante, esta evolución ha sufrido un vuelco a partir del año 2004, coincidiendo con las iniciativas gubernamentales que se articularon en torno a lo que se denominó el “Proceso de paz”.
En dicho proceso de paz se inició un intento de negociación con la organización terrorista que polarizó a la sociedad española de manera considerable. En este contexto la reacción de las víctimas fue vista por algunos sectores como un spoiler, un obstáculo, para el logro de la ansiada pacificación. Esta circunstancia produjo una evidente involución en el reconocimiento social que hasta entonces las víctimas habían logrado.
La tentación de buscar una solución dialogada al problema del terrorismo se apoyó en el deseo colectivo de poner término a la violencia sufrida por la sociedad española. Generándose unas expectativas y una ilusión que provocaron que “el fin se impusiese a los medios”, arrastrando a las víctimas a una situación de evidente victimización terciaria.
 |
| Rogelio Alonso |
En palabras de Rogelio Alonso[1], para lograr el contexto emocional adecuado se utilizó un “lenguaje engañoso y repleto de eufemismos que presentó una auténtica “negociación” entre representantes de un gobierno democrático y una banda criminal como si fuera un mero e inocente diálogo entre bienintencionados interlocutores, o incluso como un generoso acto de actores embarcados en un “largo, duro y difícil proceso de paz” justificado como necesario para la consecución de un meritorio fin: evitar más víctimas mortales”. El intento fue presentado además como la única alternativa posible para lograr la resolución del problema. Minimizando la importancia del mismo (“ya casi no hay víctimas del terrorismo”[2]) y subestimando el hecho de que aún había muchas personas amenazadas por la organización terrorista.
En este contexto comenzaron a aparecer fenómenos de transferencia de culpa y transferencia de la responsabilidad a quienes se oponían a aceptar que se pusiese la confianza en una banda terrorista. Hasta tal punto que diversos colectivos, críticos con la esta nueva estrategia, llegaron a ser tratados como “enemigos de la paz”.
Se intentaron confirmar las intenciones pacíficas de la banda amparándose únicamente en la ausencia de víctimas mortales desde 2003, ignorando el hecho de que la actividad terrorista continuaba en otros frentes, y pretendiendo responsabilizar de todos los costes que se pudiesen producir a aquellos que eran vistos como contrarios al proceso de paz en el caso de que las negociaciones no llegasen a buen puerto (estigmatización del adversario político e inhabilitación para la expresión de opiniones disidentes). Provocando así una situación de “prejuicio de correspondencia” [3] en la que la causa de la disidencia era sólo debida a una supuesta mala actitud de los disidentes, que fueron descalificados, identificando sus críticas como minoritarias, desleales e incluso indecentes por su oposición al bien último de la paz. Llegando a ser acusados de “tener alergia a la paz”. En este sentido un movimiento cívico como Basta Ya llegó a ser calificado de un “nuevo fundamentalismo”[4]
La demonización del principal partido de la oposición favorecía que las críticas de otros actores, no relacionados con dicho partido, también se viesen calladas dentro de un proceso de “espiral del silencio” en el que la exigencia de conformidad con el grupo penalizaba cualquier forma de discrepancia.
Esta demonización también alcanzó a los colectivos de víctimas, cuyas dificultades para aceptar el proceso de dialogo eran consideradas por los actores estatales como “comprensibles” (atribución de motivos puramente emocionales) pero se argumentaba que la responsabilidad del Gobierno estaba en “otro plano” (presuntamente más objetivo, pragmático o racional).
 |
| Albert Bandura |
El propio Gobierno se dejó llevar por eufemismos que descargaban de gravedad las conductas del grupo de terrorista, favoreciendo mecanismos de desconexión moral[5] tal y como fueron descritos por Albert Bandura, y la instalación de una interpretación del problema como una guerra de fantasía[6], así como la repetición de “comparaciones ventajosas” utilizando como referentes a imitar las negociaciones en Irlanda del Norte o la solución del apartheid en Sudáfrica. Así la negociación se convertía en la única solución posible que, por lo tanto, demandaba de las víctimas una actitud pragmática y generosa.
Tras el último cambio de Gobierno en 2011, esta imagen negativa de las víctimas no parece haberse visto muy restaurada. Así, a finales del año 2012 la presidenta de una asociación tan representativa como es la AVT aseguró que el balance del año 2012 “ha sido nefasto para los damnificados por ETA”, justificando esa valoración tan negativa en el hecho de que se haya cerrado el año sin lograr la ilegalización de Bildu o Amaiur. En la misma declaración este colectivo afirma tener miedo de los pasos que pueda dar el Gobierno en materia de presos de ETA y termina por hacer la predicción de que el año 2013 será el “peor año de la historia para las víctimas de ETA, ya que no habrá atentados pero sí se verán algunos episodios que les “helarán la sangre” en alusión a movimientos en política penitenciaria y actuaciones de legitimación del terrorismo.[7]
Esta visión tan pesimista responde a una tórpida evolución durante la última legislatura en la que, si bien el Gobierno ha insistido en negar cualquier tipo de negociación con la banda, manifestando que ésta va a disolverse “por las buenas o por las malas”, de forma incondicional y sin negociaciones, cumpliendo la ley “sin atajos” y con la unidad de los partidos políticos[8], lo cierto es que los colectivos de víctimas siguen quejándose de falta de consistencia entre el discurso del Gobierno y el hecho de que los grupos políticos afines a ETA sigan en las instituciones[9]. Considerando que este avance político es una prueba de que en realidad ETA no está perdiendo poder, más bien al contrario[10].
 |
| Jorge Fernández Díaz |
En opinión de algunas asociaciones “poco o nada ha cambiado respecto a ETA pese al fin de la violencia, oponiéndose a lo que consideran una política de apaciguamiento y traición”.[11] Por su parte, el Gobierno se defiende manifestando que considera “injustos” los comentarios de quienes dudan de su firmeza y de quienes dicen que tienen “tratos” con ETA cuando es la propia banda la que “dice que no se le hace ni caso”[12]
Ante el último comunicado de ETA, en noviembre de 2012, en el que la banda terrorista reclamaba una negociación sobre su desarme, disolución y los presos; y en el que de forma velada se amenaza avisando de que las actitudes de España y Francia “pueden frustrar la oportunidad de paz”, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, reclamó del Gobierno “brazo firme y mano dura hasta exterminar a la organización terrorista” por vías democráticas; pidiendo que se pongan a disposición judicial los centenares de etarras que en la actualidad están huidos y señalando que “nunca habrá reconciliación de ningún conflicto, porque no existe” y que nunca permitirán que “sitúen en el mismo plano a víctimas del terrorismo y a muertos de ETA en enfrentamientos policiales” (respondiendo a la estrategia de equidistancia entre víctimas y victimarios que refuerza la tesis de ETA de la existencia del conflicto entre comunidades), expresando su asombro por el hecho de que se pretenda una negociación existiendo aún más de 300 asesinatos no esclarecidos.[13]
 |
| David Gardner |
Y es que la explicación mítica, de guerra fantaseada, sigue estando presente en el discurso del entorno ideológico de la banda y se traslada a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, tras la declaración de “alto el fuego” realizada en 2011, el Financial Times en su edición impresa de 21-1-11 se permitía un titular como este: “Madrid no puede seguir criminalizando a los vascos que quieren la independencia”. El autor del artículo, David Gardner, creía que la “organización separatista” puede estar en sus últimos pasos, pero señalaba que las autoridades deben manejar la política con cuidado, por ejemplo, “repatriando a cientos de presos de ETA dispersados por cárceles de toda España”.
Desde las instituciones autonómicas la victimización terciaria también resulta evidente. Hasta el punto de que el ejecutivo vasco ha terminado por equiparar a las víctimas con los verdugos al reconocer como víctimas de la violencia de origen político a los etarras Ángel Otaegi y Juan Paredes “Txiki”, fusilados junto con otros tres terroristas del GRAPO durante el régimen franquista.[14]
Según un comunicado de prensa, para la AVT esta decisión ha supuesto:
- Una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo puesto que nos encontramos ante una categoría inventada de víctimas con el único propósito de difuminar a las víctimas del terrorismo dentro de un colectivo más amplio de “víctimas de motivación política”
- Un ataque a la dignidad de las víctimas del terrorismo puesto que se está cediendo a los dictados de ETA equiparándonos con las víctimas de la violencia policial.
- Un insulto a la verdad puesto que el reconocimiento de Txiki y Otaegi como víctimas policiales trata de blanquear su trayectoria terrorista.
- Un menoscabo de la justicia puesto que dichos reconocimientos se hacen al margen de lo fijado por los tribunales, en base a los dictámenes de una supuesta comisión.
Exigiendo rigor jurídico, histórico y legal ante acciones sectarias que manipulan la historia del terrorismo en España, y criminalizan al colectivo más afectado durante décadas por las acciones criminales y ETA: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Mientras que las medidas que se adoptan por parte de las instituciones no terminan de impedir estas fuentes de victimización terciaria. El entorno afín a los terroristas continúa manejando sus estrategias dirigidas a la deshumanización y estigmatización de las víctimas.
 |
| José María Delclaux |
Así, el delegado Pastoral Social de la Diócesis de Bilbao, José María Delclaux, en una entrevista recientemente concedida a la revista Bake Hitzak, se mostraba especialmente duro con las víctimas del terrorismo a las que reprocha el querer hacer política desde el victimismo. Acusándolas de estar motivadas por sentimientos de odio y venganza que afectan gravemente a la convivencia. Dice entender su sufrimiento y la dificultad para “superar” su dolor ya que solamente quienes tienen una gran “calidad humana” lo consiguen. También critica la aplicación de “leyes excepcionales” contra los terroristas acusando a la sociedad de falta de generosidad. Señalando por último a las víctimas como un grupo de presión que no permite que el Gobierno pueda adoptar las medidas adecuadas para la restauración de la legalidad.[15]
En una línea similar, el portavoz de la Izquierda Abertzale, Pernando Barrena[16], en una entrevista concedida a Onda Vasca el 3 de diciembre de 2012, recogida por Europa Press, hace unas declaraciones en las que manifiesta que la IA está dispuesta a todo siempre y cuando no se les pida que “abjuren de su pasado” porque está “muy orgulloso de lo aportado”. Expresa una clara oposición a que las víctimas tengan algún papel político ya que considera que la condición de víctima no otorga ningún plus que no se tenga ya por ser ciudadano.
 |
| Pernando Barrena |
Apuntala la estrategia de equiparación entre víctimas y victimarios argumentando que “al margen de colores e ideologías, detrás de la víctima se encuentra una persona que ha sufrido y que, salvando las diferencias y sin ningún ánimo de equiparación (dice) tiene necesidades muy parecidas”.
Se esfuerza por identificar a algunas asociaciones de víctimas con partidos políticos: “fue importante constatar que, a pesar del discurso que se quiere vender desde PP y AVT, hay víctimas que quieren ser activos por la paz”.
Atribuye una contaminación emocional a las víctimas argumentando que “a las familias de las víctimas les van a respetar siempre el derecho a decir prácticamente lo que quieran porque la condición de víctima debe otorgar esa prerrogativa, otra cosa es que sea compartido o no, o que nosotros consideremos que ese papel deban jugarlo o no las víctimas”.
Insiste en que el sufrimiento de las víctimas resta objetividad a sus posiciones: “es la propia condición de víctima y ese sufrimiento el que no permite valorar las circunstancias de un modo frío u objetivo”. No están dispuestos a dar la razón “a los que han mantenido otras posiciones en el pasado” y menos a personas que “hacen valoraciones políticas, sean víctimas o no”.
Acusando al Gobierno español de provocar el retraso en el “final ordenado de la violencia política” aunque cree que el Gobierno se verá finalmente obligado a dialogar gracias a la “presión social y política de la sociedad vasca”.
 |
| Manuel Reyes Mate |
En definitiva, las víctimas del terrorismo no consiguen dejar de ser un “asunto social pendiente” que es difícil de resolver y es fácil caer en la tentación de intentar ignorarlas o neutralizarlas como se ignoran las “florecillas aplastadas en el borde del camino de la historia” como diría el profesor Reyes Mate
Pero el mismo Reyes Mate señala como “gracias a la significación de las víctimas nos está vedado dar soluciones políticas al terrorismo etarra que consistan en pasar página; o dicho de otra manera, el eje de una solución política, moralmente aceptable, pasa por hacer justicia a las víctimas”[17]
Javier Gómez Segura (2012)
[1]
Alonso, R. (2009). Una evaluación de las dinámicas psicosociales relacionadas
con la organización terrorista ETA y la política antiterrorista del gobierno
español entre 2004 y 2008. Revista de
Psicología Social, 24 (2), 261-290.
[2]
Conde Pumpido, C. (2007). ABC, 10 de marzo.
[3]
Gilber, D.T. y Malone, P.S. (1995). The Correspondence Bias. Psychological
Bulletin 117, 1, 21-38
[4]
Sánchez Cuenca (2007) El País, 28 de marzo.
[5] Bandura, A. (1999). Moral
Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3, 193-209
[6]
Ferracuti, F. y Bruno, F. (1983). Italy: A systems Perspective. En A. Goldstein
y M. Segall (eds) Agresion in Global
Perspective pp 287-312). Nueva York: Pergamon.
[7]
Negre, Javier G. (2012). El Mundo, 4-12-12.
[8]
Jorge Fernández Díaz (2012). En el discurso del acto de clausura de las V
Jornadas Internacionales sobre Terrorismo “Seguridad Pública y Lucha contra el
Terrorismo en países descentralizados” Zaragoza.
[9]
La viuda de Portero dice que las víctimas sólo esperamos un final con
vencedores y vencidos. Agencia EFE, 12-11-12.
[10]
La AVT denuncia que Amaiur ha usado la tribuna del Congreso para “defender a
ETA y sus asesinos. Europapress, 29-11-12.
[11]
Gutierrez, A. (2012). Ignacio Gonzalez premia la beligerancia contra la
política antiterrorista de Rajoy. Estrella digital, 6-11-12.
[12]
Basagoiti a ETA: “No se le va a dar nada. O se disuelve o se la disuelve” El
Mundo, 25-11-12
[13]
Dignidad y Justicia pide a los gobiernos español y francés “brazo firme” y
“mano dura” tras el comunicado. Europapress, 25-11-12
[14]
Víctimas lamentan que el Gobierno Vasco equipare a víctimas con verdugos. El
Mundo, 20-11-12
[15]
Lozano, J. (2012). Guerra en la Diócesis de Bilbao tras las duras acusaciones
de un curial a las víctimas de ETA.
[16]
Barrena dice que la IA está “dispuesta a todo con mayúsculas” (2012)
Europapress 3-12-12.
[17]
Reyes Mate: “Memoria histórica, reconciliación y justicia”. Revista Anthropos
Nº 228
