miércoles, 14 de marzo de 2012

¿Estarías dispuesto a maltratar a alguien por simple obediencia?

Stanley Milgram (1933-1984), graduado en Ciencias Políticas en Queens College, Nueva York, en 1954 y postgrado en Psicología Social en la Universidad de Yale en 1960, es considerado uno de los psicólogos sociales más importantes del siglo XX.

El 11 de abril de 1961 comenzó el juicio contra Adolf Eichmann, responsable de la logística de los campos de exterminio nazi durante la segunda guerra mundial y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Milgram se preguntaba, no tanto como un hombre había llegado a causar semejante matanza, sino como había podido arrastrar tras de sí a toda la gente necesaria para llevarla a cabo. Personas que probablemente eran personas normales, con amigos, hijos, familias, preocupaciones y alegrías con las que todos podríamos identificarnos sin problema ¿Qué les había empujado a participar en un crimen de tal magnitud?

Preocupado por comprender estas conductas de obediencia decidió trasladarlas al laboratorio llevando a cabo unos de los experimentos más polémicos de la historia de la Psicología.

Para el experimento reclutó a sujetos voluntarios a los que se les pedía colaboración para realizar un experimento dirigido a estudiar la influencia del castigo en el aprendizaje. Engañados con esta información los sujetos participantes eran designados, aparentemente al azar, a uno de los “papeles” del experimento; unos eran “alumno” y otros “profesor” (en realidad los “alumnos” eran los verdaderos colaboradores del experimentador y los “profesores” eran los sujetos experimentales).

Así pues, el “alumno” debía aprender una lista de palabras y el “profesor” debía castigar con descargas eléctricas cada error en el aprendizaje de la lista. Entre ambas personas no había contacto visual. El “profesor” se encontraba ante un panel con 30 conmutadores que supuestamente daban descargas eléctricas desde 15 a 450 voltios, aumentando de 15 en 15 y con un cartel que avisaba de la peligrosidad de cada descarga.

En la medida en que aumentaban los errores se incrementaba también la descarga. Cuando se llegaba a descargas de 300 voltios el “alumno” gritaba y golpeaba las paredes y aunque el “profesor” quisiera detener el procedimiento, el experimentador, investido de la "autoridad de la bata blanca", le ordenaba continuar. Realmente el “alumno” no recibía descarga alguna pero el “profesor” estaba convencido de la autenticidad del castigo que estaba dispensando.

Con este diseño experimental Milgram encontró que el 65% de los sujetos que actuaron como “profesor” llegaron a activar el conmutador de 450 voltios y casi ningún sujeto se retiró antes de llegar a los 300 voltios. Este sorprendente resultado se explica por la obediencia. En primer lugar, cuando uno se presenta voluntario a un experimento hay una predisposición a cumplir las instrucciones que se reciban. En segundo lugar, en este contexto el experimentador es una figura de autoridad.

Tras estos asombrosos resultados, el mismo Milgram realizó diversas réplicas para analizar el fenómeno más a fondo.

Una primera duda que se planteaba se refería a la posibilidad de que, a pesar de la homogeneidad de la muestra, pudiese haber una tendencia a la agresividad en aquellos sujetos concretos. Milgram creía que si fuese este el caso, en una replicación del experimento en el que el “profesor” tuviese libre elección seguiría eligiendo elevados voltajes para el castigo. Repitiendo la tarea en situación de libre elección (sin la presión del experimentador) todos los “profesores” comenzaron por 15 voltios (ninguno decidió empezar con un voltaje superior), y en ningún caso se superaron los 150 voltios.

Con una segunda réplica estudió la influencia de la cercanía entre la víctima (alumno) y el verdugo (profesor). En situaciones de feedback remoto, oral, se encontró un 63% de obediencia. En situaciones de proximidad (ambos sujetos en la misma habitación) la obediencia se redujo a un 30%.

Concluyó que a medida en que la víctima se encuentra más próxima al verdugo la obediencia disminuye. En la medida en que se está más cerca se ven mejor las consecuencias de la conducta y se siente más rechazo hacia esta. Es también muy ansiógeno para el obediente victimario el hecho de que la víctima pueda ver a quién le está haciendo daño. También observó cómo, con la proximidad, es más fácil que termine por crearse un vínculo psicológico con la víctima, un sentimiento de empatía y acercamiento.

En una tercera réplica se repitió el experimento, pero en esta situación la figura de autoridad, el “experimentador” no estaba con el sujeto experimental, el “profesor”. Aparentemente entre ambos sólo había un contacto telefónico, aunque el “profesor” estaba siendo grabado en video sin que lo supiese. En esta nueva situación los resultados mostraron como lo que los sujetos tienden a hacer es obedecer menos, llegándose solo hasta un 43% de obediencia. Los sujetos mentían al experimentador a través del teléfono. La lejanía del experimentador, que era la figura de autoridad, hacía que el sujeto no llevase a cabo las conductas dañinas que se le pedían.

En una cuarta réplica se estudió la influencia del sexo del sujeto experimental (“profesor”). En este caso se buscaba explorar si los resultados permitían decidir entre dos hipótesis contrapuestas: La primera de ellas apuntaba a la posibilidad de que las mujeres fuesen más influenciables y mostrasen mayor conformidad a obedecer. La segunda de las hipótesis sostenía que la obediencia podría verse interferida debido a una  mayor capacidad para desarrollar empatía con el otro. La verdad es que no hubo diferencias significativas en los niveles de obediencia entre hombres y mujeres. Donde hubo mayor diferencia fue en los cuestionarios de ansiedad que se aplicaron posteriormente, en los que las mujeres informaban de mayores niveles de tensión durante la realización de la tarea.

Una quinta réplica analizó la influencia de tener varios “profesores” en el experimento. Se ponen tres “profesores” que tienen que repartirse el trabajo (dos de ellos son colaboradores del experimentador y el tercero, ignorante de la realidad, sigue siendo el sujeto experimental). Tras iniciarse el experimento, al llegar a los 150 voltios el “profesor” que está sentado frente al panel (es uno de los “profesores” falsos) abandona la sala y se sienta el siguiente “profesor” (también es un colaborador encubierto) que abandona el experimento a los 210 voltios, y el último “profesor” (que es el sujeto experimental) tiene que sentarse frente al panel y continuar el experimento.

Con este diseño los porcentajes de obediencia variaron mucho. Cuando el primer sujeto abandona la sala, en un 10% de los casos también la abandonan los sujetos experimentales. Cuando abandona el segundo sujeto, también lo hace el 52% de los sujetos experimentales. El 38% de los sujetos es capaz de pasar de los 210 voltios pero solo el 10% llega hasta la descarga máxima de los 450 voltios. Con estos resultados Milgram llega a la conclusión que, el ver que otros desobedecen favorece la desobediencia.

Para Milgram estos resultados se explicarían por la acción de dos procesos psicológicos: la conformidad y la suspensión de la responsabilidad.

La conformidad hace referencia a que resulta más fácil hacer caso a otros o dejarse llevar por las circunstancias, más cuanto éstas están dominadas o refrendadas por una autoridad reconocida como competente (el científico), que intentar tomar el control y guiarnos por nuestras propias opiniones y sensaciones. Si nos dicen que hay que seguir, pues hay que seguir.

La suspensión de la responsabilidad implica que ante la presencia de una autoridad (el científico) la responsabilidad de lo que pueda ocurrir, pasa automáticamente a él. Es la autoridad la que es responsable, en última instancia, de lo que le suceda a la víctima, con lo que estamos liberados moralmente de tomar decisiones.

Pero además estos dos procesos se van a ver modulados por otras dos variables: la coacción interiorizada y la despersonalización de la víctima.

Durante nuestro proceso de socialización hemos asumido la necesidad de obedecer a las autoridades que reconocemos como legítimas: jueces, agentes de policía, líderes políticos, autoridades académicas, etc. Esta norma está muy internalizada por lo que contravenirla nos genera una importante tensión interior que trataremos de evitar. Al alejarse la fuente de autoridad, al dejar de ser observados por ella, se hace más fácil la desobediencia.

Por otro lado, cuanto más lejana esté la víctima, cuanto menos la percibamos como una persona individual, más fácilmente se obedecerán las instrucciones agresivas. La deshumanización de la víctima, la etiquetación de la misma, favorece su despersonalización y el distanciamiento emocional que impide la compasión o la empatía.

Este experimento ha sido objeto de numerosas críticas, sobre todo de tipo ético, porque aunque el sujeto “alumno” realmente no recibiese descargas el sujeto “profesor” si tuvo que enfrentarse a una situación tan generadora de ansiedad como es el hecho de estar haciendo daño a otra persona. Pero también permitió esclarecer cómo no es tan extraño que personas normales puedan llegar a ejecutar conductas terribles. En opinión de Milgran es esto lo que hacemos en la vida cotidiana, formando parte de cadenas de actuación en las que no somos del todo conscientes de que constantemente estamos obedeciendo.

Milgram resumiría el experimento en su artículo Los peligros de la obediencia publicado en 1974 escribiendo: "Los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos de lastimar a otros y, con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio".

Javier Gómez Segura 2012







Stanley Milgram. The Perils of Obedience (Los peligros de la obediencia. 1974)

lunes, 12 de marzo de 2012

La relevancia social de las víctimas del terrorismo en España

ETA nació en 1959 con el objetivo de conseguir la independencia para el País Vasco. Sus siglas, fueron ideadas por el ultranacionalista vasco José Luis Álvarez Enparantza “Txillardegi” (cofundador de ETA que posteriormente la abandonó en 1967). La organización terrorista en un principio se limitaba a colocar ikurriñas o hacer pintadas con lemas como “Gora Euskadi” o “Gora ETA” hasta que, según las estadísticas del Ministerio del Interior, inicia su actividad sangrienta el día 7 julio de 1968, con el asesinato del Guardia Civil de Tráfico José Antonio Pardines Arcay, en la localidad guipuzcoana de Villabona.
Recientemente algunas fuentes también atribuyen a ETA el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola[1], muerta el 27 de junio de 1960, a causa de la explosión de una bomba en la estación de ferrocarril del barrio de Amara, en San Sebastián, cuya autoría aún no está clara si bien en su momento fue reivindicada por la organización terrorista de extrema izquierda DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).
De cualquier forma la escalada de violencia de ETA no hizo más que empezar de manera que, si bien en el año 1968 sólo acabó con la vida de dos personas (el Guardia Civil Pardines y el jefe de la policía secreta de San Sebastián, Melitón Manzanas), durante la década de los 70 llegó a realizar más de 200 asesinatos.
Los años más duros, donde la crueldad de ETA ha sido más patente, son precisamente los de finales de la década de los 70 y principios de los 80. Durante estos años los terroristas cometieron numerosos asesinatos por año (más de 70 en 1979 y más de 90 en 1980).
Desde su creación ETA ha asesinado a 857 personas, y ha privado de su libertad a 77 personas. El secuestro ha sido uno de los métodos más utilizados por la banda para presionar al Gobierno y para financiarse. Algunos de estos secuestros se resolvieron tras el pago de los rescates, o por la liberación del secuestrado tras la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En otros casos banda terrorista acabó con la vida de los secuestrados.
Actualmente no se conoce de manera precisa la extensión de la victimización por terrorismo en España. Según la contestación a una pregunta parlamentaria realizada en el año 2005 el Ministerio del Interior estima que hay un total de 17.816 víctimas[2] (se supone que muertos, heridos y damnificados).
En opinión de Mikel Buesa[3] estas cifras del año 2005 se podrían ordenar de la siguiente manera:
  • 1265 (en 2012 ya podemos hablar de 1283) muertos en atentados: 820 (64,8%) de ETA (en 2012 ya son 857), 209 (16,27%) a organizaciones de tipo islamista y 236 (18,38%) a otros grupos.
  • 84 personas secuestradas (12 de ellas asesinadas).
  • 4760 heridos de diversa consideración (¼ con lesiones invalidantes).
  • 11730 damnificados por daños materiales.
 Pero además en el País Vasco, según la estimación del propio Buesa, en el periodo comprendido entre 1987 y 2006, se cuentan un total de 8500 acciones de violencia callejera. 42000 personas han vivido amenazadas (900 escoltados) y unos 125000 ciudadanos han abandonado la región huyendo de la presión terrorista.

Tampoco se tiene un conocimiento exhaustivo de las características sociológicas de las víctimas del terrorismo. No hay sector social, si exceptuamos el clero de la Iglesia Católica, que no haya sido afectado. Las fuerzas de seguridad del Estado han sido el objetivo preferido, engrosando más del 40% de la nómina de los asesinados. Un tercio de las víctimas se producen entre civiles ya sean “colaterales” (familiares de otro tipo de víctimas, asesinatos masivos o coches bombas), o ya sean víctimas seleccionadas entre determinadas profesiones o grupos sociales (periodistas, profesores, profesionales de la justicia u otros). Los militares han aportado más del 10% de las víctimas, sobre todo en las primeras décadas. Los empresarios suponen el 1% de los asesinatos aunque son el objetivo principal de los secuestros y de la extorsión.

Los políticos de distinto nivel, sobre todo en el País Vasco, y de los partidos autonomistas nacionales, han sumado algo más del 2% de las víctimas[4]. De hecho, de las 623 víctimas del periodo comprendido entre 1978 (aprobación de la actual constitución española) y 1995, periodo que podemos considerar como el de los años más duros del terrorismo, sólo 10 víctimas eran políticos (el 1,6%). Por el contrario, 26 de los 93 asesinatos realizados por ETA a partir de 1995, han sido asesinatos de personalidades políticas (el 27.96%) mostrando cómo desde mediados de los noventa es cuando ETA apuesta fuertemente por el asesinato de personajes de la vida política frente a los otros sectores[5]. Esta circunstancia va a coincidir paradójicamente en el tiempo con el inicio de una actividad pública de apoyo institucional claro a las víctimas:
  • Creación de la Subdirección General de atención a Víctimas del Terrorismo en 1996.
  • Aprobación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (8-10-99).
  • Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo (23-12-99).
Da la sensación de que fue esta estrategia de ETA de “socialización de la violencia” la que realmente tuvo el efecto de aguijonear al Estado y a la propia sociedad, al menos en lo que se refiere a la solidaridad efectiva con las víctimas.

La actitud de los españoles frente al terrorismo sólo empezó a cambiar cuando la banda terrorista modifica el perfil de sus víctimas asesinando a su primer político en 1995, Gregorio Ordoñez (otros políticos asesinados a finales de los 70 y principios de los 80, la mayoría de UCD, habían sido tiroteados por ETAp-m). Esta evolución de la conciencia ciudadana se consolidó con el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, en el año 1997. Hasta entonces miles de víctimas habían venido sufriendo su particular odisea en el más absoluto olvido y anonimato. Durante muchos años la estrategia terrorista de cosificación de las víctimas como instrumentos del mal opresor por una parte, o como traidores a la causa, había provocado que una parte importante de la sociedad, especialmente en la sociedad vasca, minusvalorase, comprendiera o incluso justificase el mal causado a esas víctimas esperadas.
Parece como si los militares y los policías de la España democrática fuesen aún portadores de una culpabilidad heredada por la existencia del anterior régimen franquista, de forma que sólo el asesinato de personas en las que no se percibía ese matiz de culpabilidad provocó el inició de una respuesta civil en contra del terrorismo. En esta dirección Horrach[6] mantiene la tesis de que las víctimas que socialmente han sido consideradas “inocentes” han sido las asesinadas por ETA a partir de 1995, cuando ETA cambia de estrategia. En relación con las víctimas anteriores a 1995, con la excepción de las víctimas colaterales civiles (que si recibieron más muestras de solidaridad, véase por ejemplo en el caso de Irene Villa), nos encontramos con un grupo de víctimas “culpables” para las que la respuesta moral de la sociedad española fue casi inexistente.
La sociedad ha evolucionado en su percepción de las víctimas gracias en gran medida al propio esfuerzo de éstas por hacerse protagonistas activas, “agentes sociales”. Las víctimas tuvieron que empezar a organizarse en la época más dura del terrorismo, cuando todavía no había sido firmado ni un solo pacto antiterrorista, cuando actuaban a la vez varios grupos terroristas, cuando los verdaderos protagonistas eran los terroristas y las víctimas eran unos meros convidados de piedra[7].
Así, algunos datos referidos a una encuesta realizada con una muestra de asociados de la AVT[8] señalaban como más de la mitad de los encuestados se sintieron de forma clara y definida abandonados por la sociedad en su conjunto. Esta sensación de abandono se expresaba como abandono por parte de las instituciones políticas, autoridades, medios de comunicación y sociedad en general. El subgrupo que incluía a las víctimas directas que eran a la vez familiares de víctimas fallecidas fue el que, de manera estadísticamente significativa, se sentía más abandonado. Sólo un tercio de este subgrupo sentía que había recibido algún tipo de apoyo, y prácticamente el 100% consideraba, en todo caso, dicho apoyo como insuficiente.
En relación con la actitud ante el fenómeno terrorista por parte de las víctimas aparecieron también diferencias significativas entre las víctimas directas y los familiares de las víctimas fallecidas. Los primeros mantenían un claro interés por las noticias acerca de este fenómeno y las seguían en los medios de comunicación (más del 70%), se interesaban por conocer quiénes habían sido los autores del atentado sufrido (más del 50%) y si eran juzgados o no (lo habían sido más del 40% de los autores de los atentados sufridos por las víctimas directas), aunque sólo asistió al juicio una minoría (18,4%).

Los familiares de las víctimas mantenían una actitud que podría considerarse más “distante” y que sugería un mecanismo de evitación más potente. Así, sólo mostraban interés por las noticias relacionadas con el terrorismo el 34,4%, sólo habían procurado conocer la identidad de los autores del atentado contra su familiar en el 18,7% de los casos y sólo asistieron al juicio del terrorista en un exiguo 2,7% (sin embargo, el porcentaje de autores de los atentados sufridos por este subgrupo que habían sido juzgados ascendía al 18,7%).
En cuanto a la satisfacción con la justicia, tanto las víctimas directas como los familiares de las víctimas coincidían, considerando que no se les había hecho justicia y criticaban seriamente el funcionamiento de la misma (el 99,0% en el caso de los familiares de víctimas y el 96,6% en el caso de las víctimas directas). En el subgrupo de las víctimas directas que además eran familiares de fallecidos la sensación de falta de reparación adecuada y de indefensión asciendía al 100%.
El movimiento asociativo, la sociedad civil y las víctimas del terrorismo
El hecho de que las propias víctimas tuvieran que asociarse para defender sus intereses es un indicador de que ni la sociedad, ni las administraciones responsables de la vida social, estuvieron a la altura. Obligando así a las víctimas a afrontar desde su situación negativa y degradada la lucha por los logros que el marco legal dispusiese, o incluso gritar la necesidad de un marco legal que posibilitase la atención y cuidado que necesitaban[9]. Han sido varios los colectivos que a lo largo de los años se han movilizado para solidarizarse con las víctimas del terrorismo.
  • En 1981 se constituyó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), después de que un grupo de afectados decidiera organizarse para hacer frente a todos los problemas de tipo burocrático y legal con que se encontraban. Así, entre los fines de esta organización figura el aunar a las víctimas del terrorismo para, de una forma conjunta, reivindicar sus derechos y reclamar justicia, prestar la ayuda necesaria, moral o material, y colaborar en todas las actividades que redunden en beneficio de las víctimas.
  • La Coordinadora Gesto por la Paz se constituyó en Vizcaya en 1996. Es una plataforma pacifista cívica, unitaria, pluralista e independiente, cuyo objetivo es trabajar por la paz dentro de la situación de violencia que se vive en el País Vasco.
  • El Foro de Ermua nace en el verano de 1997, tras el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Entre sus fundadores se encuentran el pintor Agustín Ibarrola, el Filósofo Fernando Savater y el catedrático Jon Juaristi. El poeta Vidal de Nicolás es el presidente. Su primer manifiesto “Por la democracia en Euskadi” fue respaldado por 280 ciudadanos vascos de distintas profesiones. El 7 de mayo de 2000, José Luis López de Lacalle, uno de los fundadores de este colectivo, fue asesinado por ETA.
  • El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) nació en 1998, aunque adquiere personalidad jurídica en 1999. Sus objetivos principales son la defensa de los derechos humanos, éticos y materiales de las víctimas del terrorismo; proteger los principios democráticos; respetar la legalidad vigente y la búsqueda de un clima social en el que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin coacciones ni amenazas. Aunque la mayor parte de los integrantes de este colectivo son víctimas de ETA también integra víctimas de otras organizaciones terroristas.
  • La Iniciativa Ciudadana “Basta ya” se constituyó en 1999, en San Sebastián, con la intención de defender activamente las libertades esenciales de los ciudadanos vascos. Este colectivo está integrado por intelectuales, políticos, artistas y miembros de organizaciones pacifistas. Este colectivo también conoce de primera mano la violencia etarra.
  • La Fundación para la Libertad (Askatasun Bidean) es una plataforma cívica que se creó en Bilbao en junio de 2002 y está integrada por intelectuales vascos, políticos, profesionales liberales y de los medios de comunicación, artistas y docentes. Su principal objetivo es “trabajar para denunciar los valores de exclusión, de justificación de la violencia, de etnicismo y de intolerancia que han extendido entre la sociedad vasca los terroristas y quienes les amparan y algunos dirigentes políticos” del nacionalismo democrático
Además son numerosas otras asociaciones, fundaciones y colectivos, creados a lo largo de todo el territorio nacional como son: Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza (AVTVE), Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, Fundación Tomás Caballero, Fundación Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco, Fundación Maite Torrano, Fundación Fernando Buesa Blanco, Fundación Coronel Médico Dr Muñoz Cariñanos, Fundación Gregorio Ordoñez Fenollar, Fundación Alberto Jiménez Becerril, Fundación José Luis López de la Calle, Fundación Papeles de Ermua, Fundación Profesor Manuel Broseta, La Fundación Jóvenes por la Paz, Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana, Asociación por la Tolerancia, Asociación Pro Derechos Civiles y Políticos “Voces en Silencio”, Plataforma Cívica Catalana para la Libertad, Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, Voces contra el Terrorismo, Asociación ARCO para la Resolución de Conflictos.
Todas estas asociaciones, creadas con el objetivo del apoyo a las víctimas del terrorismo, han terminado por protagonizar en mayor o menor medida la movilización social antiterrorista de los últimos años en España. Este posicionamiento de algunas de las asociaciones de víctimas en el marco político ha provocado que a partir del año 2004, tras el proceso de diálogo que se abrió con el Gobierno socialista, se haya desarrollado una progresiva demonización de las víctimas desde algunos sectores sociales. Sugiriendo que el antiterrorismo se ha convertido para ellas en un medio de vida, y deslegitimando sus reivindicaciones de justicia, tachándolas de imparciales y extremadamente subjetivas por su “vinculación sentimental” en la resistencia contra ETA, en la exigencia de justicia, en la deslegitimación del terrorismo y en la vigilancia al Estado en sus tentaciones de apaciguamiento y negociación[10].
El apoyo institucional a las víctimas del terrorismo
La víctima de un atentado terrorista no recibe una agresión orientada hacia su persona ni hacia sus bienes individuales, como le ocurre a una persona que pueda ser objeto de cualquier otro delito violento. Por el contrario, es el destinatario inocente de un atentado perpetrado contra el conjunto de la sociedad, pagando por entero el coste de un asunto en el que nada le atañe personalmente. Es obvio que el responsable primario del daño es el agresor terrorista, pero parece poco razonable negar que la otra parte implicada, el conjunto de la comunidad, tenga una responsabilidad subsidiaria. La obligación de asumir el coste de la “reparación” debe recaer en las autoridades y en la administración como representantes del conjunto del cuerpo social.

La primera ocasión en que se legisla la concesión de indemnizaciones para víctimas del terrorismo se basa en un acuerdo del Consejo de Ministros de julio de 1979. A lo largo de los años el Ministerio del Interior siguió aplicando un sistema de coberturas únicamente de carácter indemnizatorio hasta el año 1996 en el que se pone en marcha un dispositivo para la atención asistencial del colectivo, diseñado para dar respuesta a la situación de abandono social que las víctimas venían denunciando. Con esa finalidad, se creó por Real Decreto 1885/1996, de 2 agosto, la Subdirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, con el objetivo de atender a estas desde una infraestructura estatal (y autonómica) estable y eficiente.
Con fecha 8 septiembre 2006, el Consejo de Ministros elevó la categoría de la Subdirección General a Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, estructurada en dos Subdirecciones generales, una de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y otra de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, integrada en la Subsecretaría del Ministerio del Interior[11].
Con fecha 22 de septiembre de 2011 se ha aprobado la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo[12]. Que en su preámbulo se define como homenaje a las víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. Siendo, por tanto, un signo de reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad debida.

Por su parte, la Fundación Víctimas del Terrorismo[13], es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2001. Su creación fue decidida por el Gobierno en cumplimiento del compromiso adoptado por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Entre sus fines destacan la promoción y divulgación de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la pluralidad y libertad de los ciudadanos, así como el fomento, en todos los ámbitos, de una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo en España.
Asimismo también tiene entre sus objetivos prestar la ayuda necesaria en su vertiente asistencial a las víctimas del terrorismo y a sus familias; impulsar becas y promover intercambios culturales y crear un fondo cultural de carácter permanente en memoria de las víctimas. Su financiación, según sus estatutos es mixta, proviniendo la mitad de subvenciones estatales y la otra mitad de donaciones de empresas y entidades privadas.
Medios de comunicación y víctimas del terrorismo
Durante todos estos años los medios de comunicación han sido testigos privilegiados de la evolución del fenómeno terrorista en nuestra sociedad y, al igual que la sociedad misma, han ido modificando su tratamiento y su visión del terrorismo etarra.
De un inicial periodismo aséptico y meramente informativo, en el que apenas se daban los datos precisos de cada atentado se ha ido pasando a un periodismo más comprometido y de denuncia que cumplía más una función social de compromiso, hasta llegar a un periodismo mucho más combativo y beligerante[14], lleno de opiniones y críticas hacia el terrorismo y sus adeptos.
Durante la década de los 60, 70, 80 y buena parte de los 90, los medios dedicaban poco espacio a las víctimas del terrorismo, mientras que el que se ofrecía a los propios terroristas era muy superior. Además, si las víctimas de estos atentados eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la repercusión mediática que obtenían estos atentados era mucho menor.
Los medios parecían querer pasar desapercibidos frente a esa realidad social y no involucrarse más allá de lo estrictamente necesario para reseñar el hecho noticioso. Así referían someramente la noticia y obviaban infinidad de detalles. Se centraban en el atentado pero olvidaban a la víctima, que en muchos casos parecía ser una parte accidental del suceso. De este modo se contribuía a victimizar a la propia víctima, se la sumía en el olvido y se la abandonaba a su suerte sin ningún tipo de apoyo[15].
Esta situación comienza a cambiar paulatinamente tras diversos atentados con mayor impacto mediático como el atentado en el que resultó gravemente herida la niña Irene Villa y su madre (1991); la liberación del funcionario de prisiones secuestrado Ortega Lara (1997); las masacres de Vic, Zaragoza e Hipercor y, sobre todo, el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997). A raíz de este suceso parece que los medios, y el resto de la sociedad, toman conciencia y se posicionan claramente contra el terrorismo y la violencia, dando lugar al denominado “Espíritu de Ermua”. La muestra de imágenes de gran impacto en relación con estos hechos contribuyó a la concienciación de una sociedad que como hemos visto estaba poco implicada en la lucha contra el terrorismo.
Es desde que los medios de comunicación adquieren conciencia de su importante función social en contra de la violencia terrorista, cuando las noticias han comenzado a girar en torno a las víctimas, que se convierten en los protagonistas absolutos de la información al tiempo que se reduce el espacio dedicado a los propios terroristas y sus acciones.
Paradójicamente esto se puede ver incluso con más claridad en aquellas noticias en las que los objetivos de los atentados son los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta entonces relegados a un doloroso segundo plano, cuando no a una actitud de legitimación indirecta, y que ahora pasan a ser tratados como víctimas heroicas. Así, el propio Mario Onaindía, antiguo miembro de ETAp-m, condenado a muerte en el famoso proceso de Burgos y reintegrado en la democracia tras su paso por la cárcel, es muy consciente del papel sacrificial desempeñado por las víctimas del terrorismo: “las víctimas, sobre todo las fuerzas de orden público y los militares, han sido quienes han defendido nuestros derechos, interponiendo sus cuerpos entre las bombas asesinas y nosotros y nuestros derechos. Sólo del reconocimiento de ese sacrificio podremos construir entre todos una democracia fuerte y vigorosa por la que merezca la pena morir, porque merece la pena vivir”[16]
Javier Gómez Segura 2012

                                                                                                                                                         

[1] “La primera víctima de ETA (http://www.elpais.com/articulo/reportajes/primera/victima/ETA/elpepusocdmg/20100131elpdmgrep_1/Tes)Elpaís.es (19-9-2000) Consultado el 10-1-2012.
[2] Cfr. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 237, 7 de julio de 2005, pág 181.
[3] Buesa, M. (2007). Víctimas del terrorismo: una experiencia del mal. En VVAA, Las víctimas del terrorismo en el discurso político. Madrid: Dilex, S.L.
[4] Llera Ramo, F. y Leonisio, R. (2007). La opinión pública española y las víctimas del terrorismo. En VVAA, Las víctimas del terrorismo en el discurso político. Madrid: Dilex S.L.
[5] Patxo Unzueta (15-1-09). “Lo que preguntaban los periodistas en Bilbao (http://www.elpais.com/articulo/opinion/preguntaban/periodistas/Bilbao/elpepuopi/20090115elpepiopi_13/Tes)”. Elpais.com. Consultado el 10-1-2012
[6] Horrach. J.A. (2010). Víctimas de ETA y de la sociedad española. Revista Española de Cultura Contemporánea. http://www.kiliedro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=171
[7] Cuesta, C. (2007). La respuesta social ante el terrorismo y sus víctimas. En VVAA, Las víctimas del terrorismo en el discurso político. Madrid: Dilex S.L.
[8] Baca, E., Cabanas,M.L. y Baca-García, E. (2003). El Proyecto Fénix: un estudio sobre las víctimas del terrorismo en España. Resultados preliminares. Baca y Cabana (Eds).
[9] Pulgar, B. (2004). Víctimas del Terrorismo: 1968-2004. Madrid: Dykinson, S.L.
[10] Uriarte, E. (2011). Culpadas, difamadas, silenciadas. Diario ABC, edición en prensa, 10 de abril de 2011.
[14] González Ferrari, J. (2003). Responsabilidad y beligerancia frente al terrorismo. En VVAA: Terrorismo, víctimas y medios de comunicación. Madrid: Fundación Víctimas del Terrorismo.
[15] Couso Saavedra, C. (2005). La Guardia Civil frente al terrorismo. Edición del autor.
[16] Onaindía, M. (2003) La cultura de la transición. En Carlos Martínez Gorriagán (Coord): ¡Basta ya! Contra el nacionalismo obligatorio. Madrid: Aguilar.


miércoles, 7 de marzo de 2012

Las víctimas del terrorismo en las estrategias de seguridad nacional y las medidas para el fomento de la resiliencia

En un mundo cada vez más globalizado, en el que la modernización ha impuesto una generalización de los riesgos que ya no respeta las diferencias y las fronteras sociales y nacionales[1], resulta cada vez más utópica la pretensión de garantizar la seguridad de una manera total. Así, de igual forma que es importante el fortalecimiento de la capacidad ofensiva/defensiva de los Estados, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de los recursos humanos, para poder hacer frente a las amenazas; también será esencial el fortalecimiento del tejido social que aumente la resistencia de la sociedad civil frente a los golpes que no puedan ser evitados.

Se denominan "comunidades resilientes"[2] a aquellas sociedades cuyas características permiten no sólo soportar, sino también sacar provecho de problemas como las catástrofes naturales, los atentados terroristas o duras crisis institucionales, políticas o económicas. La resiliencia comunitaria, no es un atributo que una sociedad pueda o no tener de una manera azarosa, muy al contrario, está íntimamente ligada a cuestiones de tipo cultural y serán las políticas de los Estados las responsables de desarrollar y apuntalar los factores que permiten promover esta resiliencia.

Dentro de los principales riesgos actuales para todas las naciones ocupa un lugar privilegiado el terrorismo. Como forma de lucha asimétrica, tiene dos grandes objetivos estratégicos[3]: por un lado la población enemiga, en la que trata de infundir un estado de terror para condicionar sus decisiones y acciones, y por el otro, el propio grupo de referencia, donde buscar el apoyo explícito o, al menos, implícito. Así, en los conflictos asimétricos el objetivo principal es el propio pueblo, dejando en segundo plano a las Fuerzas Armadas u otros estamentos del Estado.

Por encima de visiones simplistas, parciales o impacientes, y de tentaciones en el plano de la violencia, la relación entre el grupo terrorista y la sociedad es la verdadera base del problema y su factor condicionante esencial. Actuar con constancia sobre dicha relación para modificarla de modo favorable es el camino para lograr una reducción real de la amenaza. El aislamiento social del grupo terrorista es el último objetivo esencial a conseguir a través de medidas dirigidas a[4]:
  • Aumentar las tensiones internas, existentes o potenciales, en el grupo terrorista y en su infraestructura de apoyo.
  • Introducir una “cuña de separación” entre el grupo terrorista y los grupos humanos que simpatizan con sus planteamientos.
  • Impedir el aumento de los simpatizantes del grupo terrorista y recuperar al mayor número posible de ellos.
  • Evitar la imposición por el temor del grupo terrorista sobre la masa social indecisa y sobre la que apoya al poder establecido.
  • Impedir que grupos extremos de signo contrario entren en el campo de la violencia propiciando una ampliación de la dialéctica de conflicto y la radicalización de la sociedad.
Cuando una sociedad se encuentra debilitada por el temor a las represalias terroristas se inhiben gran parte de las reacciones sociales necesarias para mantener la cohesión del grupo. Esta circunstancia confiere una gran capacidad de expansión al grupo terrorista. El instinto de conservación coarta al periodista de escribir la palabra adecuada, al ciudadano de auxiliar al policía herido o denunciar una sospecha. La suma de estos temores constituye un conjunto de omisiones que benefician en gran medida al terrorista.

Para el fortalecimiento de la cohesión social se hace necesaria la unión de todas las fuerzas políticas. Ello significa movilizar acuerdos de la máxima amplitud, de profesionales, de prensa, de partidos, etc., para oponer resistencia activa, criticando y denunciando al grupo terrorista de modo solidario. De esta manera, mentalizando a todos los grupos sociales de que, de alguna forma, también tienen su parcela de responsabilidad en la lucha contra el terrorismo, se puede conseguir un notable avance en la misma.

Dentro de estas estrategias de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria debería tener un lugar importante el apoyo psicosocial a las víctimas del terrorismo. Ya la decisión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)[5], número 618, de 1 de julio de 2004, reconocía la existencia de una necesidad de fortalecer la solidaridad entre los Estados participantes con las víctimas del terrorismo. Se trata de un concepto de solidaridad que no es sinónimo de simple misericordia, es más que un acto de beneficencia para con las víctimas, esta solidaridad está íntimamente vinculada con el concepto de la Seguridad Colectiva que hace suyo la OSCE y especialmente con la prevención del terrorismo.

La misma Estrategia de Naciones Unidas Contra el Terrorismo (6-9-06)[6] habla de ello al considerar que entre las condiciones que propician la propagación del terrorismo “están los conflictos prolongados por resolver, la deshumanización de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, la falta del imperio de la ley, la violación de los derechos humanos, la discriminación por motivos étnicos, nacionales, religiosos, la exclusión política, la marginalización socioeconómica y la falta de buen gobierno”.

Pero no siempre este aspecto de apoyo a las víctimas queda señalado en el conjunto de medidas de refuerzo de la resiliencia a la hora de diseñar distintas Estrategias de Seguridad Nacional:

Así, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2010[7] dirigida a un contexto marcado por numerosos desafíos, define nuevos objetivos y sus medios para enfrentarlos. En comparación con la anterior estrategia del año 2002 se disminuye la centralidad de la fuerza militar y se pone más énfasis en el uso de la diplomacia multilateral, las instituciones internacionales y la promoción del desarrollo. Se propone mejorar la seguridad en relación con las fronteras, la protección de infraestructuras vitales y la coordinación de la inteligencia. Considera que la seguridad no es sólo una función del gobierno sino que deviene de los esfuerzos conjuntos de la administración, la iniciativa privada y la sociedad civil en su conjunto y realiza su enfoque estratégico desde una perspectiva en la que define cuatro “intereses nacionales”: Seguridad, Prosperidad, Valores y Orden Internacional. Proponiendo distintas medidas que básicamente se centran en:
  • Mejorar la Seguridad interna.
  • Gestionar de forma eficaz situaciones de emergencia.
  • Lucha contra la radicalización.
  • Mejorar la capacidad de recuperación mediante la colaboración entre el sector público y el privado.
  • Comprometerse con las comunidades y los ciudadanos en aspectos relativos a la información y la formación.
Pero efectivamente la Estrategia no hace ninguna referencia explícita al apoyo a las víctimas del terrorismo, aunque de forma implícita si habla de favorecer la recuperación de las personas frente a incidentes importantes. A priori esta circunstancia bien podría relacionarse con las características del terrorismo que ha tenido que enfrentar Estados Unidos en tiempos recientes, con una elevada presión sobre el personal combatiente movilizado en misiones internacionales, pero con una menor incidencia de victimización entre la población por ataques en el interior de sus fronteras. Sin embargo, en un caso como el español, con una larga tradición de victimización de su población civil por culpa del terrorismo, nos encontramos con una situación parecida.

La estrategia Española de Seguridad[8], que reposa sobre seis conceptos básicos (enfoque integral, coordinación, eficiencia en el uso de recursos, anticipación y prevención, capacidad de resistencia y recuperación, e interdependencia responsable), hace únicamente una referencia más explícita al apoyo de las víctimas entre sus líneas estratégicas de acción frente al terrorismo, indicando cómo “la política de ayuda a las víctimas del terrorismo ha sido reconocida como una aportación decisiva en la lucha contra el terrorismo”, pero sin desarrollar más esta idea y sin hacer planteamientos específicos más elaborados.

Resulta sorprendente este aparente olvido de las víctimas en los planes estratégicos de afrontamiento ya que el abandono de éstas puede ser un factor debilitador de la moral y de la unión de la sociedad frente al terrorismo. Tanto es así que, si para el terrorista la deshumanización de la víctima es una condición necesaria para lograr sus objetivos, el propio apoyo que la sociedad ofrezca a sus víctimas debería ser una parte importante de la estrategia antiterrorista al neutralizar el efecto de deshumanización buscado.

En el fondo se trata de buscar medidas que permitan que, tras cada atentado, cualquier observador pueda advertir claramente cómo la sociedad pone al terrorista y a su víctima en el lugar que a cada uno le corresponde, reduciendo lamentables situaciones de ambigüedad y confusión, y minimizando así la influencia del efecto publicitario buscado por los terroristas.

Javier Gómez Segura, 2012



[1] Beck, U. (1986). La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidos.
[2] Manciaux, M., Vanistendael, S., Lecomte, J. y Cyrulnik, B. (2001) La resiliencia: estado de la cuestión. En: Manciaux, M. (comp.) La resiliencia: resistir y rehacerse. Madrid: Gedisa, 2003
[3] Ballesteros Martín. M.A. (2005). La estrategia de los terroristas. Revista Ejército nº 767. Marzo 2005.
[4] Benegas, J.M (2007). Diccionario del terrorismo. http://www.josemariabenegas.es/diccionario.php?letra=O
[5] OSCE (2006). Technical Workshop on Solidarity with Victims of Terrorism. Final Report.
[6] ONU (2006). Unidos contra el terrorismo: elementos para una estrategia global contra el terrorismo.

Resiliencia y crecimiento postraumático

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